El Siglo XX inauguro un modelo constitucional al
que se le denomino Constitucionalismo Social. La constitución de México de 1917,
la Alemana de Weimar de 1919, la austriaca de 1920 e incluso la Constitución
española de 1931, recogen ese espíritu de entreguerras que pretendía conjugar
las exigencias de ampliación de derechos, una mayor protección social y sobre
todo de una democracia plena y real; con las cesiones que la clase hegemónica
en aquel momento hace a cambio de una cierta “paz social”. La Crisis del 29 se
llevo por delante estos modelos constitucionales, en muchos casos gestionados por
la socialdemocracia europea, que en lo económico aún no había conocido a Keynes. Tras la II Guerra Mundial en Europa se desarrollo una segunda fase de ese Constitucionalismo
Social, recogiendo ahora si, las aportaciones económicas de Keynes, y las sociales de Beveridge, frente al contrapeso que suponía
el bloque soviético, pasando de un concepto de Estado Social al Estado del Bienestar,
basado en un concepto de ciudadanía plena dotada de una seria de derechos y garantías
que recogían las nuevas constituciones. España, llego tarde, llego en el 78, la
dictadura retardo nuestro acercamiento a la Europa del Bienestar. La Constitución
del 78, supuso un “contrato social”,
asumido por la ciudadanía en Referéndum, por los poderes económicos y políticos
de la época. En julio del año pasado PSOE y PP perpetraron uno de los mayores
atentados democráticos de los últimos setenta y tres años. Modificaron, las
hasta entonces intocable Constitución,
en una semana, para retocar el Artículo 135, dejando claro que tras la conversión
de la deuda privada de los bancos en deuda pública: “…la
deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”
Es decir antes que el derecho a la
educación, la sanidad o los servicios públicos esta el pago de la deuda que ha
generado la voracidad del sector financiero. Se consolidaba el principio neoliberal de supeditar lo político a lo económico. Ante estos hechos, la legítima pregunta
es ¿A las generaciones actuales que no votamos esa constitución y que suponemos
el 60% de los españoles con derecho a voto? ¿Que nos une a ella? A mi poco.
¡Asamblea Constituyente
Ya!
Miguel Ángel Martín