Claro que se puede modificar una ley hipotecaria que en lugar de proteger al banquero, proteja a la ciudadanía y garantice el derecho a la vivienda; Claro que se puede modificar la última Ley Hipotecaria española de 1909, (ojo he dicho Ley Hipotecaria), y que se diseño en un periodo en el que había que proteger a la banca que era la que ponía y quitaba procuradores a Cortes (El primer Diputado del PSOE fue Pablo Iglesias en 1910), en aquella época no hacía falta disimular; ahora todo es distinto, es más discreto.
Los partidos políticos según los últimos datos del Tribunal de Cuentas (2007), deben en ese año 226,7 millones de euros a la banca. Según informaba el diario El País en 2005, de 1993 a 2002 la banca condono al PSOE 17,9 millones de euros y al PP 2,8 millones de euros. Curiosamente en ese mismo periodo el PSOE recibió en donaciones 1,8 millones de euros y el PP 17,4 millones de euros. Qué casualidad suman casi la misma cantidad; quizás estos datos den algo de luz a las reticencias por abordar desde un perspectiva cívica y garantista la ley hipotecaria y el derecho a la vivienda tanto en gobiernos del PSOE como del PP.
La esperanzadora existencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y su trabajo diario, ha puesto en evidencia las carencias democráticas de un país que ha mantenido un sistema caciquil a través de una partitocracia que actúa como un autentico cancerbero que defiende ferozmente la portería de los Bancos. Importándoles poco, lo que pasa con la ciudadanía.
La última campaña de este colectivo, la que pretende que se tenga en cuenta la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la PAH, y que no se desnaturalice en el parlamento a base de enmendar todo, menos el titulo; ha removido a la derecha mediática y a la progresía decimonónica. Parece ser que un Diputado puede adoptar en el parlamento decisiones que van en contra de su propio programa electoral, o de los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía. Decisión que es posible que envíe a la puerta de muchos ciudadanos a varias furgonetas de antidisturbios perfectamente pertrechadas, un secretario judicial y un cerrajero; pero la ciudadanía afectada no puede ir a la puerta de la casa de un Diputado a contarle de primera mano lo que pueden ser las consecuencias de sus decisiones. Se argumenta el derecho a la intimidad, a la propiedad privada; pero ¿qué pasa con los derechos sociales? (Vivienda, Sanidad, Educación, Trabajo…). Esto se ha roto. Ante tanto fantoche: escrache.
Miguel Angel Martín
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